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PROBLEMÁTICA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN MUNICIPIOS
METROPOLITANOS

Julián de la Garza Castro*

 

La atención a los problemas ambientales y la inducción de nuevos procesos de desarrollo con una dimensión de sustentabilidad, demanda de importantes esfuerzos para coordinar las decisiones tanto probadas o gubernamentales con objetivos públicos. Esto puede lograrse a través de una amplia gama de instrumentos que hacen disponibles la legislación y las instituciones vigentes, los cuales constituyen las herramientas fundamentales de actuación tanto del Gobierno como de la sociedad.

Para efectos de la presente charla, me permitiré hacer referencia de la situación actual del área metropolitana de Monterrey, relacionando los principales instrumentos de gestión ambiental, ya incluidos en el Programa de Medio Ambiente 1995-2000, y su forma de integración de los Reglamentos de Ecología o Protección del Ambiente, del ámbito municipal.

El área metropolitana de Monterrey cuenta con una población de 3 millones 500 mil habitantes, el 81.7% de la población del Estado , distribuidos en una superficie de 236,963 hectáreas, equivalentes a menos del 5% del territorio del Estado de Nuevo León. Conformada por 9 municipios conurbados, los cuales presentan características físicas muy diferentes entre sí, tanto en estatus socioeconómico, densidad industrial, duna, topografía, etc. Lo que corresponde a una diferencia en los escenarios ambientales de los municipios.

El acelerado crecimiento demográfico junto con el importante desarrollo industrial que se han dado en el área metropolitana, sobre todo en las últimas dos décadas, han originado problemas de contaminación del aire, agua y suelo. La influencia de la cercanía del vecino país del Norte, es especial con la ciudad de Laredo, Texas, el paso más grande de exportaciones e importaciones terrestres del país, ha presentado un cambio en nuestros hábitos y valores, convirtiéndonos en una sociedad consumista, fomentando en nosotros mismos, el consumo de nuestros recursos y hábitat olvidándonos, un poco, tal ves, de la conservación de nuestra riqueza y el equilibrio del ambiente.

En la gran mayoría de los paneles en los que un servidor ha participado, en materia ambiental, ha habido una conclusión en común en todos y cada uno de ellos, y ésta es, el Fomento de una Cultura Ambiental y el aumento de un concientización en materia ecológica, en cada miembro de la comunidad neolonesa. Esta conclusión, definitivamente tiene un costo y un costo bastante alto, además de una tarea de coordinación y concurrencia de todos los grupos de ciudadanos.

Cada comunidad municipal, es una célula de todo este Gran Sistema Motriz Metropolitano, todos los municipios unidos conforman el área metropolitana, y son ellos los que definitivamente se encuentran más cercanos a su comunidad, de ahí la importancia de que sean ellos los ejecutores principales de acciones que fomentan la Cultura ambiental, que promueven los instrumentos de gestión ambiental, aplicación de medidas de prevención y control de la contaminación ambiental.

En el área metropolitana solo 3 municipios han publicado su reglamento ecológico, 4 municipios los tienen aprobados por cabildo y los dos restantes cuentan con un Proyecto de Reglamento Ambiental. Sin embargo, los nueve cuentan con una Dirección que atiende los asuntos de índole ambiental, al respecto cabe anotar dos características interesantes, que se presentaban con anterioridad.

1.- Una dependencia interna y/o distanciamiento del área del desarrollo urbano, por ende muchas de las acciones urbanísticas no van acorde a los programas ambientales de cada dirección ambiental, sin embargo, un logro importante del Municipio de Monterrey, es la realización de un Programa de Ordenamiento Ecológico, en la zona sur del municipio, estudio que será insumo del próximo plan parcial de desarrollo urbano de la zona analizada. Actualmente la participación de las direcciones ambientales ha aumentado en las administraciones municipales.

2.- En la actividad metropolitana en materia ambiental, se presenta una gran carencia en materia de reglamentación que sustente la acción de las dependencias ambientales municipales, limitando sus actividades a rubros como: basureros en terrenos baldíos, quema de basura, ruido en casas habitación, tala de árboles, etc. Afortunadamente, en los últimos meses ha aumentado la participación de las mismas, impacto ambiental, etc. Haciendo hincapié en la falta de sustento jurídico o convenios de concurrencia con las autoridades federales y/o estatales, para la realización de dichos programas.

El reforzar estos reglamentos, fomentar convenios de concurrencia, involucración del quehacer ambiental en la administración municipal, la coordinación y unidad de las autoridades ambientales de los tres niveles de Gobierno con fines en común es tarea importante para las personas que estamos involucradas con la preservación y restauración del ambiente en el que vivimos y trabajamos.

En el rubro de áreas naturales protegidas en el área metropolitana contamos con 5 parques urbanos con carácter de protección, éstos son la Estanzuela, La Huasteca, Niños Héroes, La Pastora y La Gran Plaza. El decretar áreas de oportunidad importante, que ya se está llevando a cabo por parte de los municipios metropolitanos por mencionar un ejemplo la administración municipal del Municipio de Guadalupe' Nuevo León, mediante la habilitación de una parte del arroyo la Silla, ha inaugurado el Parque Tolteca, área de esparcimientos para la comunidad a bajo costo el reglamentar este tipo de acciones es importante, dado que el decretar por decretar zonas naturales no es deseable, sino darles un carácter de autosustentabilidad de dichas zonas, de manera que el municipio tenga la capacidad de generar un ingreso que recupere la inversión, ayude al mantenimiento y promueva las ampliaciones de dichas áreas.

El ordenamiento ecológico del territorio es un proceso de planeación dirigido a evaluar y programar el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales en el territorio nacional estatal o municipal. Permite orientar el emplazamiento geográfico de las actividades productivas, así como las modalidades de uso de recursos y servicios ambientales, constituyendo el cimiento de la política ambiental ecológica. Debe de ser la base para determinar la densidad y formas del uso del suelo, las áreas a conservar y restaurar. Al respecto, ya se mencionó el ejemplo del Municipio de Monterrey sin embargo es suma importancia e1 considerar esto en las administraciones municipales quizás, nos encontremos con municipios metropolitanos con una ocupación de su territorio cercana a1 100%, Pero siempre habrá zonas de expansión, actualmente 7 de los municipios metropolitanos cuentan ya con un Plan Parcial de Desarrollo Urbano, es muy deseable que las próximas revisiones de dichos planos estén cimentadas en un Estudio de Ordenamiento Ecológico de su Territorio, bajo un sustento Jurídico-administrativo.

Aquellos municipios que cuentan ya con un Plan parcia1 de Desarrollo urbano han recibido ya el 70% de las atribuciones en materia de autorizaciones de uso de suelo fraccionamientos habitacionales y trámites concernientes al desarrollo urbano, partiendo de la premisa que los Estudios de Impacto Ambiental es una herramienta para generar información de los impactos negativos y positivos en materia ambiental y el proceso analítico para evaluar los elementos más comprensivos de costo y beneficio social en cada proyecto de desarrollo Lo anterior Permite el Proponer medidas técnicas para mitigar los impactos negativos y ampliar los segundos de tal manera que se maximice el balance ambiental. Es primordial que todo desarrollo que se realice y apruebe en base a un Plan Parcial de Desarrollo Urbano, presente su evaluación de un impacto ambiental y sea evaluado por las autoridades ambientales municipales siendo estas las que dicten las medidas de mitigación a realizar por los desarrollos. Todo esto es un marco jurídico aprobado mediante convenios de concurrencia Federación-Municipio.

En el caso del riesgo ambiental, es un caso interesante, dado que la Ley estatal completa este rubro, sólo como complemento de los estudios de impacto ambiental, siendo la Ley de Desarrollo Urbano Estatal la que completa este rubro como área de competencia, existiendo además la Dirección de Protección Civil estatal, dependencia con funciones de prevención y control de riesgos, teniendo el Patronato de Bomberos Estatal en departamento con funciones similares. En este caso lo más recomendable es trabajar bajo un esquema de consejo o grupo de trabajo donde se definan actividades de cada autoridad y que los municipios tengan un lugar en dicha mesa.

En materia de residuos peligrosos, las autoridades ambientales municipales, tienen como actividad el regular las actividades de talleres automotrices al inspeccionar una negociación de este tipo se encuentre uno o dos tambores de aceite residual usado, aceite considerado residuo peligroso, según las normas oficiales mexicanas, los cuales son de competencia federal, sería más funcional que los municipios, apoyados en su reglamento y con un convenio entre los tres niveles de gobierno, estableciendo competencias conforme a volumen, pudieran expedir el manifiesto de generador de residuos peligrosos (en los residuos que se establezcan previamente), dado que son las autoridades que tienen mayor contacto con los mismos, se estima que hay alrededor de 1,000 talleres automotrices en el área metropolitana.

Recientemente las autoridades Federales iniciaron la descentralización al Estado en el otorgamiento de licencias de funcionamiento a actividades que no son de competencia Federal, así mismo, el municipio debe obtener la función de otorgar licencias de funcionamiento a empresas de su competencia, previo acuerdo de definición de competencias, dichas licencias deben de estar contempladas en los reglamentos correspondientes y establecer condiciones particulares de operación industrial con el fin de regular y minimizar la emisión de residuos en cualquier estado físico, además de recabar información indispensable para la construcción de inventarios.

En todo municipio aplica el principio de paretto, donde el 20% de las actividades industriales, emiten el 80% de contaminantes a la atmósfera, el 80% de determinado parámetro en su descarga residual, consume el 80% del combustible, etc.. Es importante la atención a esta empresa, que si bien, son la mayoría de carácter federal y la gran mayoría de ellas se encuentran en algún programa de autoridades, sin embargo, el seguimiento de los programas a los cuales se compromete pueden caer en las autoridades estatales y municipales, además, la importancia de que las mismas autoridades estatales y municipales, previo convenio de concurrencia, puedan iniciar programas de autoridades ambientales a actividades industriales de su competencia, igualmente es necesario contemplarlas en los reglamentos municipales.

Un rubro importante dentro de la política ambiental nacional es el fomento de instrumentos económicos que apoyen y complementen la regulación ambiental, dado que desde la perspectiva económica, los problemas ambientales en la mayoría de las ocasiones son externalidades. sin embargo la corrección de dichas externalidades equivale a lograr que quienes generan costos o daños ambientales los asuman, lo cual se puede lograr mediante instrumentos económicos, tales como impuestos y derechos ambientales, sobre precios para generar fondos en fideicomiso, sistemas de depósito- reembolso. fianzas y seguros, derechos de uso de recursos, concesiones etc., aún y cuando muchos de ellos no se aplican a nivel Federal es de importancia contemplarlos en los reglamentos municipales.

La definición de criterios ecológicos, es un rubro de suma importancia, dado que estos plantean metas u orientaciones generales o particulares que deben de seguir ciertos procesos o actividades en términos de la política ambiental del área metropolitana. Este criterio puede ser un instrumento de regulación coactivo u obligatorio pero debe de considerarse como un instrumento propositivo de definición de perspectivas. Este rubro debe de contemplarse tanto en la legislación estatal como en la reglamentación municipal, pero deben de ser concurrentes en la totalidad de los municipios metropolitanos su coordinación con el Estado.

En el ámbito de la comunidad, la información ambiental se constituye como un instrumento que nutre un proceso de entendimiento y conocimiento de variables y procesos relevantes, para coadyuvar o modificar conductas con un sentido de sustentabilidad. En el área metropolitana ya es una preocupación la necesidad de estar en línea directa las autoridades ambientales municipales y estatales, mediante una red de comunicación vía modem telefónico, de manera que se maximicen recursos, minimizando tiempos en la entrega de información y aumente así la eficiencia de las autoridades. Eso asegurará a la comunidad de que la información que manejan sus autoridades sea confiable, completa y oportuna, relacionado a: datos sobre el medio ambiente, indicadores de tendencias y horizontes, valuación económica de costos y beneficios sociales ambientales, estado real de los ecosistemas y elementos del medio ambiente, datos estadísticos de suelos, aire. agua. etc. El establecer sistemas de información ambiental municipales es de suma importancia, así como la reglamentación de los mismos.

La educación e investigación. es indispensable, el desarrollo de programas de cultura y educación ambiental en forma masiva y de carácter obligatorio, para las autoridades ambientales municipales y estatales. Así mismo, el establecer esquemas de investigación ambiental en los municipios, dado que mediante la asignación de científicos, se podrán definir los problemas ambientales y las soluciones técnicas más factibles para dicha problemática, por poner un ejemplo, el municipio de Monterrey, realizó ya un monitoreo de ruido urbano, con estratificación de las fuentes generadoras, conociendo ya estas fuentes, se definirán los programas para mitigar dicho ruido. Además la información obtenida por la Red de Monitoreos Atmosférico Estatal, ayudará al desarrollo de investigaciones de impacto a la salud de los contaminantes monitoreados, etc.

En resumen, los puntos vistos con anterioridad son áreas de oportunidad para la reglamentación municipal, la mayoría de ellos implica una descentralización o desincorporación de funciones por parte de la Federación o el Estado, sin embargo, esto implica además una asignación de recursos por parte de las autoridades superiores, al municipio, para poder realizar lo anterior de una forma eficiente y eficaz.

El Gobierno del Estado de Nuevo León, bajo el Programa de Nuevo León Unido, instaurado por el señor Gobernador Lic. Benjamín Clariond Reyes, se incluye en el Plan Estatal de Protección y Preservación del Medio Ambiente 1996-2020, como estrategia general, consolidar los mecanismos de comunicación entre las autoridades ambientales de los tres niveles de Gobierno, con el fin de cumplir los objetivos a corto plazo, mediano y largo plazo de dicho plan, se pretende establecer un Grupo de Comunicación y Coordinación Ambiental, formado por los directores de ecología de los municipios, la Subsecretaría de ecología estatal, la Delegación Federal de la SEMARNAP y la Delegación Federal de la Profepa.

Mediante reuniones quincenales con sedes alternadas, una organización horizontal donde se tiene voz y voto, cuya función será evaluar las acciones emprendidas en el área metropolitana en materia ambiental, así como unificar la posición ambiental de las autoridades ambientales en el Estado, en relación al resto de las autoridades en otras materias.

Lo anterior, es sólo la punta de iceberg, dado que atrás de esto, hay un gran número de gente con inquietudes, deseos, propuestas, denuncias, proyectos y programas, que sólo se necesitan canalizar para su implementación. Pero una implementación sustentada en una Ley Ecológica Estatal eficaz y con Reglamentos Ambientales Municipales reales, actuales y aplicables.

* Subsecretario de Ecología. Gobierno del Estado de Nuevo León

 

 

 

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Última Actualización: 15/11/2007