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LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA AMBIENTAL EN PANAMÁ

 

Lucía Chandeck

INTRODUCCIÓN

La protección del ambiente y los recursos naturales tradicionalmente se ha concebido como una función de la administración pública que se ejercita a través de ciertos servicios públicos primigenios de la administración central o de instituciones estatales creadas específicamente con ese objetivo, incluyendo además, las funciones que históricamente han estado a cargo de los gobiernos locales.


Ciertamente la aplicación administrativa de la legislación ambiental mantiene un sitio importante y, en consecuencia, los conflictos jurídicos entre la administración y los administrados, predominan en esta esfera jurisdiccional.


En Panamá, como en el resto de los países de la región centroamericana, la legislación ambiental continúa siendo de naturaleza predominantemente administrativa.


La Constitución Política del Estado panameño, establece las pautas fundamentales sobre las que se organizan la sociedad política y, consecuente- mente, el conjunto de derechos y deberes que deben atender todos los habitantes de la nación. En cuanto a la responsabilidad ambiental, su artículo 115, establece que todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación ambiental, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas.

 

LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL NACIONAL

 

Las leyes generales de ambiente constituyen el punto focal de la legislación ambiental administrativa en los países de la región centroamericana y Panamá no es la excepción.


La Ley 41-1998, General de Ambiente, constituye el vértice de la legislación ambiental panameña: La componen doce títulos, conformados a su vez en capítulos, que se desarrollan en un total de 133 artículos, donde se establece la política ambiental del Estado, los principios, normas básicas e instrumentos de la gestión ambiental, y las responsabilidades de los órganos e instituciones responsables de su aplicación, así como las sanciones administrativas aplicables a quienes infrinjan sus disposiciones. Incluye también normas generales de conservación, protección, uso sostenible, recuperación y administración de los recursos naturales.


La Ley General de Ambiente se complementa con leyes sectoriales que regulan de manera especial la conservación, protección, uso sostenible, recuperación y administración de la diversidad biológica, áreas protegidas, patrimonio forestal, suelos, aire o atmósfera, recursos hídricos, hidrobiológicos, energéticos, minerales, costeros y marinos, y humedales. Incluye, además, un catálogo de términos y sus definiciones, cuya importancia radica en que obliga a ciudadanos, autoridades administrativas y judiciales, y a todos los sectores y actores de la gestión ambiental, a entender y aplicar los términos incluidos en el glosario tal como el legislador los definió. Así, se precisan conceptos claves para conocer y atribuir con mayor grado de certeza el alcance de sus disposiciones.


En resumen, los objetivos fundamentales que persigue la Ley son:
. Proveer de un contenido concreto y un desarrollo jurídico adecuado a la garantía constitucional que asegura a todas las personas a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación.
. Crear la institucionalidad que permita solucionar los problemas ambientales existentes y evitar la generación de otros.
. Crear los instrumentos para una eficiente gestión, de manera que sustenten una adecuada protección ambiental, orienten la interpretación de la normativa ambiental y su reglamentación.
. Disponer de un instrumento legal genérico que sirva de referencia a toda la normativa ambiental especial y sectorial.
. Incorporar la dimensión ambiental a las iniciativas de desarrollo del país, con el fin de evitar el deterioro ambiental y asegurar una economía sustentable.
. Establecer criterios para la definición de objetivos de calidad ambiental y regular los procedimientos para medir los impactos ambientales en las decisiones sobre los proyectos, obras o actividades susceptibles de causarlos. Esta Ley es un cuerpo legal básicamente instrumental, pero con alcances operacionales en cuanto a las herramientas que crea y pone a disposición de la comunidad; también es de carácter institucional por la estructura de gestión que establece y desarrolla. Su carácter operacional se manifiesta, entre otros contenidos, en las definiciones y procedimientos que establece respecto a los mecanismos para la elaboración y adopción de normas primarias y secundarias de calidad ambiental, de educación ambiental, así como respecto a la preparación, aprobación y aplicación de planes de manejo, prevención y descontaminación. El carácter institucional de esta Ley se expresa en la creación de la Autoridad Nacional del Ambiente/ANAM, como entidad autónoma rectora del Estado en materia de ambiente y recursos naturales. Las funciones de la ANAM son, entre otras, formular e implementar la política nacional del ambiente y de los recursos naturales, de acuerdo con los planes de desarrollo del Estado, y dirigir su implementación, en conjunto con el Sistema Interinstitucional del Ambiente y organismos privados; dictar normas ambientales de emisión, absorción y de procedimientos, con la participación de la autoridad competente; formular proyectos de leyes, emitir las normas técnicas y administrativas para la ejecución de la política nacional del ambiente y de los recursos naturales, y surtir el proceso de evaluación de estudios de impacto ambiental.

 

LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN MATERIA AMBIENTAL

 

Los conflictos entre la administración y los administrados constituyen la génesis de la denominada “justicia ambiental administrativa”, que integra un área específica dentro de la que se regulan las relaciones jurídicas de carácter ambiental.1


A través de la legislación ambiental administrativa se establecen la política, principios, normas básicas, instrumentos, procesos y procedimientos administrativos para la gestión ambiental o sea, la administración del ambiente y los recursos naturales, que se desarrollan a través de la reglamentación pertinente. Su aplicación y cumplimiento generan conflictos ente la administración y los administrados.


Un ejemplo de lo anotado es el hecho de que, la aplicación administrativa de algunos instrumentos de la gestión ambiental -como lo es el proceso de evaluación del impacto ambiental, que es una de las herramientas de gestión ambiental predilectas en la región-, es génesis permanente de discrepancias entre la administración y los administrados, de las que debe atender la justicia ambiental administrativa. Además de las controversias que se generan en torno al ámbito de aplicación de este instrumento de gestión, no son menos frecuentes las discrepancias sobre otros aspectos tales como: los mecanismos de acceso a la información y de participación ciudadana que se aplican en el proceso, la resolución administrativa que recae sobre la solicitud presentada por los interesados, aceptándola o denegándola, que frecuentemente es razón de divergencias entre los interesados en los proyectos, obras o actividades objeto de los estudios de impacto ambiental que deben someterse a dicho proceso, y las personas u organizaciones no gubernamentales involucradas en temas ambientales, cuando se oponen a los proyectos, obras o actividades en cuestión.


Aunque no es usual que se recurra a los tribunales de justicia para dirimir estos conflictos, la frecuencia de esta actividad ha aumentado progresivamente, estimulada básicamente por controversias o conflictos que surgen cuando la administración impone a los administrados sanciones pecuniarias en virtud del incumplimiento de las normas ambientales administrativas. De lo expresado constituyen ejemplos puntuales las acciones imputadas a dos grandes empresas multinacionales a las que recientemente se les aplicó sanciones pecuniarias de significación (Coca Cola y AES Panamá).


Sin embargo, es preciso señalar que también ha aumentado –aunque no en igual proporción- la frecuencia de acciones en torno a la jurisdicción ambiental administrativa en virtud de conflictos en torno a actos de la administración que conceden o deniegan permisos ambientales, derechos subjetivos sobre el uso de recursos naturales.


El aspecto fundamental de este tema es el efecto que el control jurisdiccional tiene sobre los actos administrativos relativos a los asuntos ambientales, desde la perspectiva de que éstos deben enmarcarse en el principio de la legalidad, y también como una garantía del derecho de los administrados a un medio ambiente adecuado para el desarrollo humano sostenible.


Cualquiera que sea su origen, la progresión que se observa en el ejercicio de acciones de esta índole constituye prueba contundente de la urgencia que existe en nuestros países respecto al desarrollo y perfeccionamiento de los instrumentos de acceso a la justicia ambiental, no sólo administrativa, sino incluso civil y penal. Es incuestionable que la complejidad que hoy presenta la gestión ambiental trasciende la esfera de la administración pública y consecuentemente requiere, para ser eficaz y eficiente, de mayor desarrollo y perfeccionamiento de la legislación ambiental, y del sistema de justicia ambiental y sus mecanismos de acceso.

 

LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

 

La responsabilidad ambiental puede definirse de forma abreviada como aquella obligación de resarcir, en lo posible, el daño causado o los perjuicios inferidos a consecuencia de actos u omisiones que ocasionen afectación ambiental.


El artículo 115, de la Constitución Política de Panamá, establece el deber para todos los habitantes del territorio nacional, de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación ambiental, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas. Este precepto constitucional representa la piedra angular de la responsabilidad ambiental, y se desarrolla en el Título VIII de la Ley 41 de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá, denominado «De la responsabilidad ambiental». El referido Título, conformado por tres capítulos que se vinculan con un total de catorce artículos (del 106 al 119, inclusive), regula lo referente a las obligaciones que en materia ambiental corresponden a los habitantes del país y de la responsabilidad que se deriva de su incumplimiento.


La Ley General de Ambiente, en efecto, establece un número plural de deberes u obligaciones en materia ambiental que todos los habitantes del país, sin excepción, deben atender, y consigna que su incumplimiento implica responsabilidad ambiental, ya sea de carácter civil, administrativa o penal, según sea el caso, lo que conlleva la obligación de reparar la pérdida causada, el mal inferido o el daño ocasionado en virtud de acciones u omisiones que violen la normativa ambiental.


La precitada Ley marco, además de incluir la responsabilidad ambiental tanto de naturaleza civil, como administrativa y penal, establece que éstas son independientes entre sí y, por tanto, pueden concurrir; reconoce los intereses colectivos y difusos para legitimar activamente a cualquier ciudadano u organismo civil en los procesos administrativos, civiles y penales por daños al ambiente, y contempla, además, la autoría infractora tanto de personas físicas como jurídicas.


Un aspecto fundamental que debe resaltarse respecto a la forma en que la Ley General de Ambiente trata la responsabilidad administrativa y civil, es que la concibe desde la perspectiva de la teoría objetiva de la responsabilidad; es decir, que no toma en cuenta los elementos de intencionalidad y voluntariedad del sujeto que incurra en la conducta infractora que genere el perjuicio o daño, sino sólo el nexo causal entre la acción u omisión infractora y el resultado dañino. O sea, que basta con la infracción del orden jurídico establecido o el quebranto del patrimonio o de los derechos ajenos.

 

LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE CARÁCTER AMBIENTAL

 

A la luz de la Ley General de Ambiente panameña, la responsabilidad administrativa puede definirse como aquella que se deriva de las acciones u omisiones que constituyan infracción de la normativa ambiental administrativa, sus normas complementarias y su reglamentación, se concreta en la imposición de las sanciones administrativas pertinentes, según sea el caso y de la gravedad de la infracción, y en la obligación de reparar el daño ambiental causado, aplicar las medidas de prevención y mitigación y asumir los costos correspondientes.2

 

POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

 

La infracción de los reglamentos administrativos es, en principio, meramente formal y no exige imperiosamente como resultado o consecuencia la generación de un daño ambiental, pues a la luz de la legislación ambiental panameña basta con colocar en situación de riesgo el bien jurídico tutelado; sin embargo, la ocurrencia efectiva de un daño ambiental como resultado de la infracción, incumplimiento, trasgresión o violación de la normativa ambiental constituye, generalmente, en el marco de sanciones administrativas graduables, una circunstancia que lleva a niveles de sanción más altos que cuando no se produce un resultado dañoso.


La responsabilidad administrativa originada en la comisión de contravenciones, se hace efectiva a través de las instituciones que integran la administración, vinculados con la esfera ambiental, esto es a la ANAM, a través del denominado “Sistema Interinstitucional del Ambiente, SIA”, creado en el artículo 16 de la Ley 41-1998, que se expresa así:


“ Las instituciones públicas sectoriales con competencia ambiental, conformarán el Sistema Interinstitucional del Ambiente y, en tal virtud, estarán obligadas a establecer mecanismos de coordinación, consulta y ejecución entre sí, siguiendo los parámetros de la Autoridad Nacional del Ambiente que rige el Sistema, con el fin de armonizar sus políticas, evitar conflictos o vacíos de competencia y responder, con coherencia y eficiencia, a los objetivos y fines de la presente Ley y a los lineamientos de la política nacional del ambiente”.


Conforman el SIA, entre otras instituciones estatales, el Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Autoridad Marítima de Panamá, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y el Ente Regulador de los Servicios Públicos. 3


Aun cuando las sanciones administrativas que generan las contravenciones ambientales, serán tratadas en la siguiente parte, conviene advertir que, conforme a lo dispuesto en la Ley 41-1948, las facultades de la administración incluyen las acciones de mitigación, reparación y compensación, en tanto pueden prescribir la obligación de hacer lo necesario para restituir las cosas al estado anterior a la ocurrencia de la infracción o contravención, mitigar los resultados de la acción dañosa y compensar por el perjuicio ocasionado.


Cuando se impone la obligación de hacer, la autoridad facultada concede un plazo razonable para acatar lo ordenado. Si el infractor no cumpliere la obligación, la autoridad competente podrá gestionar el cumplimiento de di- cha obligación por una autoridad estatal, con cargo al infractor.


Sanciones administrativas

Sobre la base del criterio clasificador prescrito en el artículo 112 de la Ley General de Ambiente, encontramos en nuestro ordenamiento las siguientes sanciones administrativas4: disciplinarias de amonestación escrita; multas; suspensión temporal, parcial o total, de la obra, proyecto o actividades; suspensión definitiva, parcial o total, de la obra, proyecto o actividades; revocación temporaria o definitiva de concesiones, licencias o permisos; y retención y decomiso de elementos, mercaderías, etc.


Como se anotara anteriormente, la Ley faculta a la ANAM para ordenar al infractor el pago del costo de limpieza, mitigación y compensación del daño ambiental, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.5


La reincidencia en conductas infractoras de la normativa ambiental constituye un elemento a considerar para establecer el monto de las sanciones pecuniarias.

 

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

 

Referente a la posibilidad de constituir seguros que respondan por las obligaciones resultantes de la responsabilidad ambiental, la Ley 41-1998, en su artículo 113, dispone lo siguiente:


« ... Las compañías aseguradoras y reaseguradoras existentes en Panamá, podrán establecer seguros de responsabilidad civil ambiental, a fin de que los empresarios puedan dispones de ellos como medio de seguridad para el resarcimiento económico del daño causado».


Del texto de la norma transcrita se colige que el precitado estatuto ambiental consideró exclusivamente la posibilidad de constituir seguros de responsabilidad civil ambiental, o sea, aquellos cuya cobertura de riesgo se limita a la indemnización civil a un tercero por los daños o perjuicios ocasionados sobre su persona y/o a sus bienes, a consecuencia de una conducta que lesione o coloque en situación de riesgo al ambiente.


Obviamente, esta disposición excluyó la posibilidad de establecer seguros que cubran las obligaciones generadas en la responsabilidad administrativa ambiental o penal ambiental.


En el caso de la responsabilidad penal ambiental, esta exclusión se deriva de su carácter estrictamente personal, cuya significación lo es que al sujeto responsable de la acción u omisión que constituye delito ambiental deba responder directamente por su conducta y asumir las sanciones que en virtud de ella se le impongan.


Respecto a la responsabilidad administrativa ambiental, la Ley 41-1998 no contempla la posibilidad de establecer seguros que cubran los riesgos que se originen en las obligaciones que se deriven de este tipo de responsabilidad. No obstante, convendría estimar la posibilidad de, por ejemplo, asegurar el riesgo correspondiente al costo de la limpieza, mitigación y compensación del daño ambiental que ordenara la ANAM a una persona física o jurídica a consecuencia de acciones u omisiones que causen daño ambiental, o del lucro cesante y daño emergente que pueda ocasionar la paralización parcial o total de una obra, proyecto o actividad a consecuencia de la imposición de una sanción administrativa impuesta por la ANAM a causa de una infracción administrativa ambiental.

NOTAS

1 Brañes, R. 2000. Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible. El Acceso a la Justicia Ambiental en América Latina. Memorias del Simposio Judicial realizado en la Ciudad de México del 26 al 28 de enero de 2000. El Acceso a la Justicia Ambiental en América Latina: Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible”. Serie Documentos sobre Derecho Ambiental, PNUMA, Oficina regional para América Latina. Impreso en México por Gráficos Ram, S.A., México, DF.

2 Ley 41-1998, General de Ambiente de la República de Panamá, artículo 112.

3 Artículo 16 del Decreto Ejecutivo 59-2000, Por el cual se reglamenta el Capítulo II
del Título IV de la Ley General de Ambiente de la República de Panamá.

4 Ley 41-1998, General de Ambiente de la República de Panamá, artículo 113.

5 Ley 41-1998, General de Ambiente de la República de Panamá, artículo 114.

Anexo


Sinopsis de la estructura y contenido de la Ley 41-1998, General de Ambiente de Panamá

Número, denominación y conformación de los títulos
Artículos
Materia

Título I: De los fines, objetivos y definiciones básicas.
Conformado por 2 capítulos.

Del 1 al 2.
-          Establece la obligatoriedad del Estado en cuanto a la administración del ambiente, define los objetivos de la Ley, que pueden resumirse en:
*          Establecer los principios y normas básicas para la protección, conservación y recuperación del ambiente, promoviendo el uso sostenible de los recursos humanos.
*          Ordenar la gestión ambiental, e integrarla a los objetivos sociales y económicos para el logro del desarrollo humano sostenible.
-          Define conceptos básicos para al interpretación y aplicación de la legislación ambiental panameña, como lo son: calidad de vida, contaminación, conservación, desarrollo sostenible, evaluación de impacto ambiental, diversidad biológica o biodiversidad, entre otros.
Título II: De la Política Nacional del Ambiente.
Conformado por 1 capítulo.
Del 3 al 4.
-          Define el concepto de política nacional del ambiente, sus principios y lineamientos, y dispone su inserción en las políticas públicas para el desarrollo económico y social del país.

Título III: De la Organización Administrativa del estado para la Gestión Ambiental.
Conformado por 5 capítulos.

Del 5 al 21.
Se refiere a la organización administrativa básica del Estado para la gestión ambiental.
-          Crea la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), define su naturaleza y atribuciones, dispone los requisitos para su Administrador o Administradora y sus funciones.
-          Crea el Consejo Nacional del Ambiente y establece sus funciones y forma de integración.
-          Establece y define el Sistema Interinstitucional del Ambiente, SIA, su integración, objetivos y principios básicos para su funcionamiento.
-          Ordena a la ANAM la creación y coordinación de la Red de Unidades Ambientales Sectoriales, RUAS, define los aspectos básicos para su integración, así como los de las Unidades Ambientales Sectoriales Ambientales que se creen y la conformen, su naturaleza y funciones generales.
-          Crea la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente, CCNA, define su naturaleza, objetivos los aspectos generales para su integración y funcionamiento.
-          Crea las Comisiones Consultivas Provinciales, Comarcales y Distritales, define su naturaleza y objetivos, dispone los aspectos generales referentes a su integración y funcionamiento.
Título IV: De los Instrumentos para la Gestión Ambiental.
Conformado por 9 capítulos.
Del 22 al 55.
Establece los principales instrumentos para la gestión ambiental, define sus objetivos y establece los mecanismos básicos para su implementación. Veámos:
-          Respecto al Ordenamiento Ambiental del Territorio Nacional, instituye la responsabilidad de la ANAM de promover su establecimiento y los elementos fundamentales a considerarse para tales efectos.
-          Sobre el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, establece las etapas que lo conforman, los aspectos generales sobre el contenido de los EIA, y las reglas básicas para su elaboración.
-          Con relación al proceso para la elaboración de normas de calidad ambiental, establece las reglas básicas para la elaboración de propuestas de normas de calidad ambiental, los principios básicos que rigen para su aplicación (gradual y escalonada, autorregulación, cumplimiento voluntario), la certificación de procesos y productos ambientalmente limpios, y ordena su reglamentación.
-          En cuanto a Supervisión, Control y Fiscalización Ambiental, establece los aspectos básicos de estos instrumentos de gestión, los principios básicos y herramientas para su implementación.
-          Sobre la Información Ambiental, establece el Sistema Nacional de Información Ambiental, sus objetivos y mecanismos básicos para su implementación.
-          La Educación Ambiental es otro de los instrumentos de la gestión ambiental que establece la Ley, y su implementación se instituye como un deber del Estado. Define sus objetivos fundamentales y las reglas básicas para su aplicación. (Ley 10 de 1992 – incorporación del Eje Transversal de Educación Ambiental).
-          Ordena al Estado el fomento de programas de investigación científica y tecnológica aplicada al área ambiental, con el objetivo de que coadyuven en la toma de decisiones en la gestión ambiental nacional a través de los aportes que resulten de su implementación. Además, conmina a la ANAM a coadyuvar en la elaboración y ejecución de un Programa permanente de Investigación Científica y Tecnológica, orientado a entender los aspectos básicos de la gestión ambiental y los recursos naturales.
-          Sobre los mecanismos de prevención de desastres y emergencias ambientales, establece la obligación del Estado y la sociedad civil, en conjunto, de acogerlos, y el deber de la ANAM de velar por la existencia de planes de contingencia y de coadyuvar en su implementación.
-          Establece la obligación del estado de valorar, en términos económicos, sociales y ecológicos, el patrimonio ambiental y natural de la Nación, e incorporar en la Cuenta Nacional su valor. También establece la obligación de valorar el costo beneficio relativo al ambiente de cualquier actividad, obra o proyecto que implique el uso total o parcial de recursos naturales del Estado o que amerite un estudio de impacto ambiental.
Título V: De la Protección a la Salud y de los Desechos Peligrosos y Sustancias Peligrosas
Conformado por 2 capítulos. .
Del 56 al 61.
-          Contiene disposiciones fundamentales en cuanto a la responsabilidad del Estado de normar, vigilar, controlar, regular todo lo relacionado con la salud humana, y con la gestión de desechos y sustancias potencialmente peligrosas.
-          Igualmente, dispone mecanismos para garantizar el cumplimiento del Convenio de Basilea, del Acuerdo Regional sobre Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos, del Protocolo de Montreal y de cualquier otro del que la República de Panamá sea signataria.
Título VI: De los Recursos Naturales.
Conformado por 10 capítulos.
Del 62 al 95.
-          Establece disposiciones generales y principios básicos sobre la gestión de los recursos naturales, especialmente lo relacionado a:
*         Áreas Protegidas y Diversidad Biológica;
*          Patrimonio Forestal del estado;
*          Uso de Suelos;
*          Calidad de Aire;
*          Recursos Hídricos;
*          Recursos Hidrobiológicos;
*          Recursos Energéticos;
*          Recursos Minerales, y
*          Recursos Marinocosteros y Humedales.
Título VII: De las Comarcas y Pueblos Indígenas. Del 96 al 105.
Establece normas especiales para la gestión ambiental y de los recursos naturales en áreas denominadas comarcas o pueblos indígenas, que garanticen el respeto a su cultura, su participación en la toma de decisiones y en los beneficios que se deriven del aprovechamiento sostenible de los recursos localizados en los territorios en los que se asientan.
Título VIII: De la Responsabilidad Ambiental.
Conformado por 3 capítulos.
Del 106 al 119.
Establece los principios y normas fundamentales sobre la responsabilidad ambiental. Define las obligaciones de las personas naturales y jurídicas en cuanto a la prevención, mitigación y reparación de daños ambientales y al control de la contaminación.

Instituye la responsabilidad objetiva, y establece la independencia entre la responsabilidad administrativa, de la civil por daños al ambiente, así como de la penal que pudiere derivarse de hechos punibles o perseguibles.

Se reconocen los intereses colectivos y difusos.

Instaura la posibilidad de establecer seguros de responsabilidad ambiental.

Establece los aspectos básicos normativos para la imposición de sanciones por infracción de las normas ambientales, y la acción civil.
Título IX: De la Investigación del delito Ecológico.
Conformado por 2 capítulos.
Del 120 al 124.
Contiene disposiciones básicas de carácter sobre la competencia y procedimientos para proceso de instrucción sumarial de los delitos ecológicos.

Se crean las Fiscalías Ambientales (1 Superior y 5 de Circuito), y se establecen los requisitos para ocupar los cargos de fiscal en cada instancia.
Título X: Del Órgano Judicial.
Conformado por 1 capítulo.
Del 125 al 126.
Se crean los tribunales o juzgados ambientales (1 de Circuito Civil y 1 de Circuito Penal), y se establecen los requisitos para ocupar el cargo de juez en ambos casos.
Título XI: Transitorio. Del 127 al 128.
Contiene dos disposiciones de carácter transitorio; una, con relación a las funciones de las Comisiones Consultivas Ambientales, y otra que dispone el traspaso de bienes del INRENARE a la ANAM.
Título XII: De las Disposiciones Finales. Del 129 al 133.
Establece las disposiciones complementarias y instituye el mandato de reglamentar la Ley al órgano Ejecutivo en un término no mayor de 12 meses contados a partir de su promulgación.

 

 

 

Periférico 5000, Col. Insurgentes Cuicuilco, C.P. 04530, Delegación Coyoacán, México D.F.
Última Actualización: 15/11/2007