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Capítulo décimo

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

 

Resumen ejecutivo

La prevención de la contaminación ambiental representan un enfoque que se orienta a evi-tar y/o reducir la misma, con el fin de preservar la calidad ambiental o minimizar el impacto sobre los ecosistemas.

Este cambio exige la participación de los diversos actores involucrados en la problemática ambiental fronteriza y debe incluir acciones, proyectos y programas vinculados con la edu-cación y legislación ambiental, uso eficiente de recursos, reuso y reciclamiento de productos y desechos y demás aspectos relativos.

Algunas instancias han iniciado acciones, proyectos o programas específicos como "Produc-ción más limpia" "Coahuila Limpio", "Chihuahua al esfuerzo ambiental" y programas volunta-rios de prevención de la contaminación para Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, conjuntamente con Texas, entre otros. Asimismo, dentro de las acciones preventivas la aten-ción de contingencias ambientales y aplicación de la ley en la forma de auditorias ambientales voluntarias e inspección y vigilancia destacan entre las realizadas hasta al momento.

Es conveniente promover la adopción de un enfoque preventivo con el objeto de contribuir a una calidad ambiental y un manejo de los recursos naturales más propicio.

 

Prevención de la contaminación

Uno de los esfuerzos más importantes que contribuye de manera efectiva a mejorar el esta-do del medio ambiente y de los recursos naturales es, sin lugar a dudas, la prevención de la contaminación ambiental inducida por la acción humana, misma que afecta la integridad física, biológica, química y radiológica del medio ambiente. Considerando que la contamina-ción ambiental es causada por la presencia de materia o energía cuya naturaleza, ubicación o cantidad produce efectos ambientales indeseables, el concepto de prevención, debe in-cluir dos tipos de acercamientos fundamentales: la prevención ambiental primaria orientada a evitar la contaminación y como consecuencia, a preservar el medio ambiente y los recur-sos naturales libres de agentes contaminantes, y la prevención ambiental secundaria enfo-cada a reducir la contaminación que tenga efectos adversos sobre los ecosistemas.

En los programas de prevención se encuentran involucradas diversas estrategias de acción para evitar, reducir y/o eliminar la contaminación desde su generación o fuente. A su vez, la reducción de la contaminación incluye tres vertientes; la reducción del volumen, toxicidad y/o de ambas.

La educación ambiental es el sustento de la prevención, una educación que genere en la población, conciencia y responsabilidad ambiental, así como una educación que promueva la participación activa de los sectores público, privado y social en la conservación y preser-vación del medio ambiente. Sin la participación responsable de la sociedad en su conjunto, las acciones orientadas a evitar y/o reducir la contaminación ambiental, no tendrán el impacto que se desea, y tener como consecuencia, un medio ambiente que asegure la vida y la sustentabilidad de nuestro planeta.

La prevención implica además de la educación, conciencia y responsabilidad ambiental de la población, de un conjunto de normas, leyes y políticas orientadas a mantener las condi-ciones que propicien la preservación del medio ambiente. Además, para que tenga el resul-tado esperado, dicho marco debe estar sustentado en el establecimiento y ejecución de programas eficaces de prevención. Por lo anterior, es importante mencionar que la normati-vidad ambiental mexicana, ha tratado de incorporar en forma creciente, esquemas que favo-rezcan la incorporación de programas de prevención en las actividades sociales y económi-cas en el país.

Uno de los aspectos básicos, apoyados por los cambios recientes a las leyes y reglamentos que rigen la normatividad ambiental del país, es que la responsabilidad ambiental de la en-tidad generadora se ha extendido hasta cubrir todo el ciclo de vida de los productos y/o las actividades.

Los programas de prevención tradicionalmente se han asociado con el sector industrial. Sin embargo, la prevención de la contaminación ambiental no es, ni podrá ser exclusiva de este sector. La prevención a la contaminación ambiental, como se mencionó anteriormente, es responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto. La sociedad debe tomar conciencia del daño que ha causado al medio ambiente en donde vive, crece y se desarrolla, conocer los efectos negativos que se producen por el uso irresponsable de los recursos naturales y la contaminación. Una sociedad con conciencia ambiental, debe aprender a emplear de mane-ra responsable y más eficiente, los recursos naturales, participar activamente para evitar o minimizar al máximo posible, los residuos y la contaminación que se pueda llegar a producir como consecuencia de sus actividades y desarrollar la capacidad para la reutilización y re-ciclaje de los subproductos y desechos. De tal suerte, sociedad y gobiernos, tienen como deber, asegurar que la actividad humana provoque un efecto mínimo sobre los ecosiste-mas, con el fin de preservarlos para las generaciones futuras.

En materia de prevención de la contaminación ambiental, existen acciones muy concretas que promueven tanto programas de prevención, como de atención a contingencias ambien-tales y aplicación de la ley, en donde se pueden ver acciones en dos grandes rubros, audi-torias ambientales voluntarias y actividades de inspección y vigilancia.

 

Programas de prevención

El Instituto Nacional de Ecología se ha preocupado por impulsar programas de prevención de la contaminación en diferentes sectores. Como parte de este esfuerzo, se ha involucrado a instituciones de educación y organismos empresariales. En la frontera norte, el Grupo de Prevención de la Contaminación del Programa Frontera XXI ha desarrollado algunas accio-nes entre las que se encuentra la publicación de manuales bilingües sobre la prevención de la contaminación para giros seleccionados, elaborados por EPA/SEDESOL en 1993 y EPA/SEMARNAP en 1996.

Otras acciones comprenden la realización de varios estudios en empresas maquiladoras bajo la modalidad de “visitas de asistencia técnica in situ” los cuales se han hecho en cola-boración con una dependencia ambiental del estado de Texas (TNRCC) y el programa de auditorías ambientales de la PROFEPA que se menciona más adelante en este capítulo.

Para el sector industrial, la prevención de la contaminación se ha vuelto un factor crítico pa-ra ser competitivo, por lo que los programas de prevención incluyen estrategias como:

  • Mejor administración de inventarios para evitar el desperdicio de materias primas
  • Minimización de residuos a través de la reingeniería de procesos, equipo y/o productos, con programas integrales de mantenimiento.
  • Uso eficiente de los recursos; agua, energía, etc.
  • Reuso y reciclaje de subproductos y desechos
  • Cambio de tecnologías que inclusive utilizan materiales menos contaminantes o produc-tos reciclables.
  • Auditorias ambientales de los procesos para identificar procesos o pasos productivos donde existe potencial de mejora ambiental.

 

Con la aplicación de estos conceptos, el Fondo para la Defensa del Medio Ambiente (EDF-Environmental Defense Fund) en colaboración con el Tecnológico de Monterrey y otras ins-tituciones ha instrumentado un proyecto piloto en Matamoros, Tamaulipas y busca la posibi-lidad de ampliar el programa a otras ciudades en la frontera. El proyecto tiene como objeti-vo, trabajar estrechamente con las empresas para la creación de un sistema práctico y voluntario, que identifique oportunidades económicamente viables en materia de “produc-ción más limpia,” así como acciones dirigidas a la conservación de recursos naturales. Con este proyecto se pretende demostrar que en la ejecución de dichas acciones ambientales se pueden lograr ahorros en los costos de operación a través de mejoras en la eficiencia del proceso industrial, esto en un espíritu de ganar-ganar. De esta forma, se puede proveer asistencia técnica y acceso a recursos de información a empresas ubicadas dentro de par-ques industriales en México con el fin de mejorar sus prácticas de gestión ambiental y simultáneamente promover su eficiencia, competitividad y rentabilidad.

Como parte de la funciones propias de las dependencias ambientales de los gobiernos de los estados, se han puesto en operación programas muy específicos que promueven la preven-ción como ingrediente fundamental en el control y eliminación de la contaminación. Dentro de estos esfuerzos se puede mencionar el Programa “Coahuila Limpio” y el premio “Chihuahua al esfuerzo ambiental", además de varias iniciativas estatales sobre programas voluntarios de prevención de la contaminación por medio de incentivos, realizados por los estados de Chi-huahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas conjuntamente con el estado de Texas.

 

Prevención de contingencias y respuesta a emergencias

En contraste con el resto del territorio nacional, la zona fronteriza norte reviste una serie de particularidades en cuanto a los riesgos existentes para las poblaciones asentadas a lo lar-go de la línea divisoria.

En primera instancia, la frontera enfrenta prácticamente toda la gama de posibles riesgos: desde las lluvias invernales intensas y los sismos en Baja California, pasando por las tem-peraturas extremas y zonas altamente industrializadas, hasta los peligros de inundaciones por el Río Bravo y los huracanes para las poblaciones asentadas sobre dicho cauce y para las cercanas al Golfo de México. Un hecho que agrava muchos de los riesgos son las con-diciones de hacinamiento en zonas peligrosas de las ciudades como resultado de la inmi-gración constante en busca mejores condiciones de vida del sur, tanto por la demanda de mano de obra en las ciudades fronterizas mexicanas como la motivación para cruzar al lado estadounidense.

Además de los riesgos propios de su ubicación geográfica y de sus diferentes grados de industrialización, las ciudades fronterizas también acusan los peligros del tráfico de materia-les y residuos peligrosos que resultan de los intercambios comerciales con el país vecino. En este movimiento de materiales, la situación de respuesta de emergencia se vuelve más compleja porque se involucran las características de recursos y regulaciones de dos países diferentes. En el lado mexicano, es crónica la carencia, casi generalizada, de recursos y de regulaciones claras, sobre todo en materia de protección civil mientras que en el lado nor-teamericano se tiene una mayor afluencia de recursos y las regulaciones en esta materia se encuentran en un nivel importante de ejecución, aunque no deja de reconocerse que, a la fecha, para muchos de los peores escenarios posibles aún no se tiene una certidumbre adecuada en la respuesta requerida.

A partir del Acuerdo de La Paz que enmarca una zona para la cooperación en el campo de la protección ambiental en la faja fronteriza, se han venido desarrollando esquemas de co-operación en materia de preparación y respuesta a contingencias ambientales. Las accio-nes han sido sobre las bases de igualdad, reciprocidad y beneficio mutuo, y entre ellas se incluye la instrumentación de un marco para el desarrollo de un sistema de notificación para situaciones de emergencia. En el anexo II del mencionado acuerdo, firmado un año des-pués en 1984, se establece el "Plan Conjunto de Contingencias México-Estados Unidos" referente a los incidentes de contaminación por descarga de sustancias peligrosas.
Existe el compromiso, por ambas partes, de desarrollar los planes de respuesta que permi-tan detectar la presencia de una emisión grave de materiales peligrosos, o la posibilidad inminente de que ello ocurra dentro de sus áreas respectivas, y prever medidas adecuadas para eliminar el riesgo y cualquier efecto adverso a la salud de las poblaciones.

Dentro del Programa Integral Ambiental Fronterizo (1992-94) se instrumentó el Programa de Trabajo para la Prevención de Contingencias y Respuesta a Emergencias. Uno de sus obje-tivos básicos fue el establecimiento de planes de contingencia conjuntos entre ciudades vecinas. El Programa Frontera XXI, lo retoma y le da un impulso para buscar que todas la ciudades hermanas definidas como prioritarias (tipo uno) cuenten con un plan conjunto de contingencia a emergencias.

Los aspectos concretos de las acciones en materia de contingencias transfronterizas se han ido definiendo mediante diversas formas de organización y notificación; uno de los elemen-tos claves de este nivel de respuesta son las organizaciones locales de protección civil y de atención de emergencias. Dentro del sistema mexicano de respuesta, se cuenta con el Sis-tema Nacional de Protección Civil, organización creada por decreto el 6 de mayo de 1986, que se constituye por los tres niveles de gobierno a través de sus estructuras, programas, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que involucra además, a los sectores privado y social, con el objeto de proteger y conservar a la persona y a la sociedad, así co-mo sus bienes y entorno ante la eventualidad de un desastre.

Con el paso del tiempo, las unidades estatales y municipales se han establecido a través de la frontera norte, con un grado variable de efectividad, constituyéndose como la parte orga-nizativa y de planeación, en el ámbito local, de la primera respuesta y donde los cuerpos de bomberos y de ambulancias representan la parte operativa de este esquema de respuesta de emergencia.

Se puede afirmar que aunque las poblaciones mexicanas mencionadas cuentan con una estructura de protección civil dentro de su nivel de gobierno municipal y que sus respectivos estados también disponen de una organización similar, la jerarquía que ocupan dentro de las esferas de sus respectivos gobiernos así como su grado de equipamiento en cuanto a recursos humanos y materiales son muy variables. Algunas de ellas se encuentran relega-das a un nivel de tercera o cuarta jerarquía, con escaso personal, normalmente uno o dos personas y pobremente equipadas. Esta situación se da en las poblaciones más pequeñas con un presupuesto muy escaso.

En las poblaciones más grandes, las funciones de protección civil tienen un mayor grado de reconocimiento como consecuencia de una mejor respuesta de los sistemas políticos loca-les a desastres o continencias. La ocurrencia de algún evento de esta naturaleza ha moti-vado a las autoridades locales a instaurar o apoyar la función aunque todavía se puede ad-vertir que la jerarquía que ocupan, en la mayoría de los casos, no es la idónea.

Las ciudades que se han destacado por una mayor actividad en la planeación y estructura-ción de los sistemas de respuesta destaca, en primer lugar, la ciudad de Matamoros, Tamps., en donde desde principios de la década de los ochenta, se instituyó un Comité Lo-cal de Ayuda Mutua (CLAM), a instancias de varias industrias preocupadas por las implica-ciones que se pudieran tener como consecuencias de emisiones de materiales peligrosos. Este esfuerzo fue encabezado, entre otros, por la empresa Química Flúor y antecedió, in-cluso, a las iniciativas oficiales, tanto en materia de protección al ambiente así como de protección civil.

Al principio de los años noventa se instituyó la función de protección civil en esa ciudad, la cual ya disponía de un sistema de respuesta de emergencia consolidado a través del CLAM. En 1993, se efectuó un encuentro de Presidentes Municipales en Matamoros para analizar las necesidades que se tenían de cara las posibles contingencias que pudieran darse en las ciudades fronterizas.

Ese evento representó el inicio de una serie de reuniones con el mismo propósito. Los traba-jos incluyeron un simulacro en los patios aduanales que mostró el grado de avance del CLAM en esa ciudad. A la fecha, el CLAM de Matamoros sigue siendo una de las organizaciones ejemplares para este tipo de esfuerzos. Por lo que se refiere a los cuerpos oficiales de emer-gencia, bomberos y ambulancias, continúan teniendo fuertes obstáculos para su desempeño, particularmente en equipo y personal. En cuanto al entrenamiento, la concurrencia del propio CLAM y de algunos programas de capacitación, algunos de ellos promovidos por agencias norteamericanas, permiten asumir que se tiene un nivel aceptable de conocimientos. Respec-to a la coordinación binacional, se cuenta ya con un plan de contingencias conjunto.

La Unidad de Protección Civil de Ciudad Juárez comenzó sus funciones como entidad ofi-cial a finales de 1992 como producto de una serie de explosiones que ocurrieron en el sis-tema de distribución de gas natural de la ciudad.

A fines de 1993, se efectuó en esa ciudad una reunión similar a la de Matamoros, pero esta vez se contó con la asistencia de algunos alcaldes de las ciudades vecinas norteamerica-nas. En esa reunión, que fue presidida por el Secretario de Gobernación, se realizó un simulacro de incendio en la Terminal de Ventas de PEMEX que marcó el inicio del CLAM en Ciudad Juárez. Con el cambio de administración municipal, en 1995, la Unidad de Protec-ción Civil incorporó en su estructura a los cuerpos de bomberos y de ambulancias municipa-les, hecho que vino a constituir un avance significativo y ejemplar en cuanto a organización. A la fecha, con el cambio de administración municipal, se retrocedió nuevamente a los vie-jos esquemas de situar a los bomberos y ambulancias en Seguridad Pública aunque, por otro lado, la función de protección civil se ubicó en un lugar adecuado de la estructura muni-cipal, al constituirse, junto con la función de control ambiental, en una dirección de primer nivel denominada Dirección General de Ecología y Protección Civil. En cuanto a la capaci-dad de respuesta, el cuerpo de bomberos recientemente fue equipado con las herramientas básicas para un respuesta ante accidentes químicos, ha sido capacitado, en varias ocasio-nes por diferentes organizaciones, principalmente norteamericanas y cuenta un nivel acep-table de entrenamiento. Por otra parte, el CLAM ha fortalecido, a través del tiempo, de ma-nera muy importante y cuenta con la participación de empresas paraestatales y de industrias privadas locales. En cuanto a la situación binacional, se elabora un plan de con-tingencias aún no concluido y cuya instrumentación se encuentra pendiente.

La ciudad de Mexicali se caracterizó, durante muchos años por ser la mejor equipada en cuanto a su cuerpo de bomberos. La fuerza de trabajo está constituida por bomberos de paga y voluntarios, sumando varios centenares. El número de estaciones también es grande y se daba el caso de que, al contrario de lo que se podía esperar, no era extraño que los bombe-ros de Mexicali pasaran al lado americano a colaborar en el combate de algún incendio.

En cuanto a su capacidad para la atención de accidentes químicos, cuentan con un buen grado de avance con personal y equipo. La función de protección civil se encuentra inscrita dentro del propio cuerpo de bomberos. El grado de integración del Comité Local de Ayuda Mutua industrial aún requiere de mayores esfuerzos. En cuanto a la coordinación binacio-nal, las ciudades de Mexicali y Caléxico desarrollaron el primer acuerdo de ayuda mutua, permitiendo el paso de unidades en cualquiera de los dos sentidos. Es el primer acuerdo binacional de carácter local y completamente operativo. La ciudad de Tijuana cuenta con una Unidad de Protección Civil que recibe una gran cantidad de apoyo técnico de diversas organizaciones, locales y del lado americano. El Colegio de la Frontera Norte ha desarrolla-do un Sistema de Información Geográfica sobre las áreas de riesgo de la ciudad. La serie de problemas que ha experimentado la ciudad en materia de fenómenos hidrometeorológi-cos, principalmente a fines de 1992, y el constante riesgo sísmico, han tenido como conse-cuencia el fortalecimiento de la función. Por lo que se refiere a la respuesta binacional, se cuenta con un sistema de notificación entre los responsables de protección civil en Tijuana y el condado y ciudad de San Diego. Sin embargo, el desarrollo del plan de contingencias conjunto aun se encuentra en un grado de avance incipiente. En otras ciudades de tamaño medio, se han iniciado esfuerzos para fortalecer los esquemas de atención a emergencias. Es importante resaltar que a nivel local, por las relaciones personales de los responsables de las áreas de protección civil, ha operado la ayuda mutua. Aunque esta situación se pre-senta a lo largo de la frontera, la región este de la misma se caracteriza por el mayor desa-rrollo de planes de contingencia conjuntos para la atención a emergencias. Esta situación se ve claramente en la siguiente tabla donde se resumen la situación que privan en los mu-nicipios limítrofes (sólo se incluyen los municipios de la prioridad uno).

 

Tabla 10.1. Comités Locales de Ayuda Mutua CLAM. Municipios prioridad uno

Ciudad

Existe formalmente el CLAM

Se cuenta con un Plan Conjunto de Respuesta a Contingencias Ambientales

Tijuana

No

No, se cuenta con un mecanismo semiformal de notificación.

Mexicali

No

No, se tiene un acuerdo de ayuda mutua con la ciudad de Caléxico y el Condado Imperial.

San Luis Río Colorado

No

No

Nogales

No

No, se han tenido varios simulacros, pero no existe un procedimiento formal y acordado sobre atención a emergencias

Naco

No

No

Agua Prieta

No

No

Palomas

No

No, aunque se encuentra en un nivel muy avanzado.

Juárez

No; existe un borrador, pero no se ha podido concretar el plan formalmente.

Ojinaga

No

No

Acuña

No

No

Piedras Negras

No

Nuevo Laredo

No

Reynosa

No

Matamoros

Si, primer plan conjunto.

Fuente: Instituto de Información de la Frontera, INFOMEXUS, 1999.

 

A pesar de la existencia de un acuerdo general entre las dependencias federales ambienta-les de los dos países para promover el desarrollo de planes conjuntos a nivel de ciudades hermanas, y un alto nivel de cooperación entre las dependencias responsables a nivel local para atender emergencias, el desarrollo de los planes conjuntos, en la mayoría de los casos se ha topado con la problemática de la responsabilidad civil que para una dependencia ex-tranjera pudiera tener la atención a una emergencia en el país vecino.

 

Aplicación de la ley

Con el fortalecimiento del marco legal y la normatividad ambiental, México ha podido avanzar en el esfuerzo de contener, remediar y prevenir los efectos negativos a sus ecosistemas. En México, el marco legal para atender el cuidado al medio ambiente tiene aspectos importantes desde la década de los 40's con la promulgación de la Ley de Conservación de Suelos y Agua. En 1971 se adoptó la primera parte de un legislación general, la Ley para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, que es precedida un año después por la creación de Subsecretaria para el Mejoramiento del Ambiente en la Secretaría de Salud y Asistencia.

En 1982 se crea la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) con lo que se bus-can un enfoque más integral. Así mismo se promulga la Ley Federal de Protección al Am-biente (LFPA) donde se regular más directamente los efectos de las actividades humanas sobre los recursos naturales, el manejo de residuos sólidos y las descargas, integrando la perspectiva de protección a la salud humana.

A partir de 1988 con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su modificación en 1996, se ha consolidado notoriamente el marco normativo ambiental, incluyendo los cinco reglamentos, normas técnicas ecológicas y normas oficiales mexicanas que se derivan de la Ley General. Además, es relevante hacer mención que to-dos los estados de la frontera norte cuentan con leyes ambientales respectivas que están por ser modificadas para adecuarse a los cambios introducidos en la LGEEPA de 1996.

La creación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMAR-NAP) en 1994, ha permitido la instrumentación de políticas ambientales cada vez más inte-grales. También se puede hacer notar el incremento de la participación de la sociedad a través del ejercicio de su derecho a la denuncia pública. En la siguiente sección se presen-tan algunos datos relevantes al respecto.

Además, aunque han existido esfuerzos serios para atender la problemática de la contami-nación ambiental y los daños ecológicos en la frontera norte desde hace algunos años, no es hasta principios de los noventa que se han incrementado considerablemente los esfuer-zos gubernamentales para aplicar la normatividad ambiental en la frontera.
Como parte de la política ambiental, la PROFEPA ha promovido y puesto en marcha dos programas: auditorías ambientales y acciones de inspección y vigilancia.

 

Denuncia popular

Este instrumento de derecho de la ciudadanía permite visualizar un aspecto del desarrollo de la conciencia de la población ante los problemas ambientales. Si bien éste instrumento ha sido actualizado en las reformas recientes a la LGEEPA para facilitar su uso, así como los mecanismos de atención a la denuncia han evolucionado para hacerla más eficiente, los re-sultados sobre la denuncia popular en los últimos años presentan tendencias alentadoras sobre la participación de la sociedad en denunciar situaciones que afectan a nuestro entorno.

En términos globales, de los periodos analizados por PROFEPA, se ha visto un crecimiento del 41% de aumento en el número de denuncias entre el trienio 1992-94 y trienio 1995-97. Respecto a los estados fronterizos, se observa que cuatro de dichos estados se han man-tenido entre los diez con mayor número de denuncias en el país. Estos son: Baja California, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León .

De los estados fronterizos con los que se cuenta información, tres de esos cuatro presentan incremento en el número de denuncias presentadas entre los trienios de 1992-94 y 1995-97. La siguiente tabla muestra los números globales de dichas tendencias.

 

Tabla 10.2. Denuncias populares presentadas ante las Delegaciones de la PROFEPA

Estado

Trienio 1992-94

Trienio 1995-97

Porcentaje de Incremento

Baja California

829

573

-30

Chihuahua

403

589

44

Coahuila

421

491

3.5

Nuevo León

277

688

148

Fuente:PROFEPA, 1998. Reporte Trianual 1995-97.

Por otra parte, el incremento a nivel nacional de la denuncias popular presentada ante las delegaciones estatales fue del 70% entre los dos trienios analizados recientemente por la PROFEPA. La mayoría de las denuncias populares a nivel nacional en el trienio 1995-97 fueron echas en forma
escrita (52%), mientras que las denuncias por vía telefónica u otro medio electrónico representaron el 39%, seguidas por la denuncias hechas personalmente significaron el 7%. Las denuncias identificadas a través de la atención a los medios de comunicación, representaron el 2%.

El recurso sobre el cual se presentaron más denuncias populares fue el aire, que acaparó el 30%, seguido por el recurso forestal con 23% y por la fauna con un 22%. Respecto al suelo y agua, estos recursos recibieron el 15% y 9% de las denuncias populares.

 

Auditorías ambientales

La auditoría ambiental inició en nuestro país en 1992. La aplicación de auditorias es una prác-tica saludable. Su definición implica una intervención para revisar el funcionamiento de acuer-do a ciertas normas particulares. Esta intervención resulta conveniente para analizar el cum-plimiento de las normas o su mejoramiento. El concepto, involucra el examen metodológico de las operaciones de una empresa respecto a la contaminación y al riesgo que generan así como del grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacio-nales y de buenas prácticas de operación y de ingeniería aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el medio ambiente.

La estrategia de auditoría ambiental incluye el Programa Nacional de Auditoria Ambiental Industrial, que busca fortalecerlas como instrumento voluntario de prevención y control de la contaminación industrial a través de convenios con las empresas. Como parte del progra-ma, la PROFEPA ha realizado el Programa de Certificación de Industria Limpia.

Como se ha demostrado en otros países, la aplicación coercitiva de la legislación ambiental es una condición necesaria pero no suficiente para lograr todo el mejoramiento ambiental de que son capaces las empresas de hoy en día. Si bien es cierto que unas empresas están dispuestas a correr el riesgo de ser sancionadas a raíz de una visita de inspección, a cam-bio de no invertir en el cumplimiento de la ley, también es cierto que muchas otras están dispuestas a programar inversiones para cumplir con la ley, e incluso para ir más allá de lo que las normas les obligan, cuando encuentran un entorno favorable. Su carácter voluntario hace posible el examen exhaustivo y sereno de un conjunto de procesos productivos que es difícil revisar en el contexto de una visita de inspección conducida por la autoridad.

De 1997 a finales de enero de 1999, un total de 305 empresas se encontraban dentro del Programa Nacional de Auditorías Ambientales (PNAA) en los estados de la frontera norte. Este número representa el 28% de las 1,083 empresas que a nivel nacional se han incorpo-rado al PNAA. De los estados fronterizos, destaca Chihuahua, donde radican el 21% de las empresas en los estados fronterizos del norte afiliadas al PNAA.

Como parte del PNAA, la PROFEPA otorga la certificación de Industria Limpia a aquellas empresas que han completado la auditoría ambiental y operan bajo la normatividad ambien-tal. Entre 1997 y finales de enero de 1999, se otorgaron varias certificaciones a empresas en los estados de la frontera norte:

 

Tabla 10.3. Empresas certificadas como "Industria Limpia" en los estados de la frontera norte de México

Estado

No. de empresas
certificadas

Baja California

10

Sonora

5

Chihuahua

24

Coahuila

7

Nuevo León

25

Tamaulipas

19

PROFEPA, 1999.

La mayoría de las empresas certificadas de los estados de Baja California y Chihuahua se encuentran en la franja fronteriza. En Coahuila y Tamaulipas se localiza la mitad de las em-presas certificadas. Cabe destacar que en los estados fronterizos se ubican el 38% de las empresas certificadas como limpias entre 1997 y finales de enero de 1999.

 

Inspección y Vigilancia

Casi por definición, cualquier marco legal requiere del componente de coerción para ase-gurar su cumplimiento, por lo que es necesario la inspección y vigilancia. En el caso del medio ambiente, esta labor la realiza mayormente la PROFEPA. Únicamente en asuntos relacionados con agua, es la CNA quien tiene competencia en esos asuntos.

Por el carácter coercitivo de las labores de inspección y vigilancia, éstas tienen una gran repercusión en el marco de la prevención de daños a los ecosistemas. De ahí que la PRO-FEPA tenga presencia en todos los estados fronterizos del norte.

Debido a limitaciones de recursos, la PROFEPA no tiene presencia física en todos los muni-cipios fronterizos, incluso, existen algunos municipios limítrofes que no cuentan con oficinas de PROFEPA. Sin embargo, hay que reconocer los logros relevantes alcanzados en materia de inspección y vigilancia de esta dependencia a lo largo de la frontera norte del país.

Los resultados de visitas de inspección presentan una tendencia positiva de cumplimiento de la normatividad ambiental en México, (ver anexo 9). Es relevante hacer notar que los datos de las visitas en las tablas del anexo son el agregado por estado, en virtud de ser la única información disponible. Sin embargo, en el caso de Baja California, se puede decir que los datos se refieren

Fig. 10.1. Resultado de visitas de inspección (1995-1997)

Fuente: PROFEPA, 1998.

mayoritariamente a operaciones en los tres municipios fronterizos. Por otro lado, en cuanto a Nuevo León, se trata de operaciones mayoritariamente de la zona conurbada de Monterrey. De los otros estados es más difícil hacer alguna conclusión, ya que aunque en casi todos los casos, existe una gran actividad industrial en los municipios fronterizos, existen operaciones industriales en otros puntos de los estados.

Sin embargo, hay que resaltar algunos aspectos interesantes sobre el comportamiento de los resultados de las labores de inspección y vigilancia. En primer término, en Baja Califor-nia, Nuevo León y Tamaulipas se incrementaron el número de visitas con irregularidades leves al mismo tiempo que en el caso de Baja California aumentaron significativamente el número de clausuras parciales temporales y clausuras totales temporales. Para Nuevo León y Tamaulipas las clausuras parciales y totales se han comportado en forma variable.

Lo que llama la atención es la disminución significativa de inspecciones que de 1995 a 1996 se vio reducida en un 5%, de 1996 a 1997 en un 15% y de 1995 a 1997 en un 19%. Res-pecto a las inspecciones en cada estado, es relevante el hecho de que de 1996 a 1997 hubo una disminución de inspecciones del 10%, siendo el caso más drástico el de Chihuahua, donde fue por arriba del 25%.

Tradicionalmente se ha señalado a la industria maquiladora como una fuente importante de afectación al medio ambiente. Al comparar los resultados de las visitas de inspección reali-zada a todas la industrias con relación a los de las visitas a la industria maquiladora, es cla-ro que ese paradigma no sea del todo cierto, al menos actualmente. Esto sin menospreciar la realidad de que la afectación es función de cantidad y toxicidad. Puede decirse que la industria maquiladora ha disminuido su participación en el área de operaciones fuera de normatividad.

En la frontera, la industria maquiladora ha pasado del 19% de los casos de clausuras en 1995, al 9% en 1997. Lo mismo se puede apreciar en relación al número de irregularidades leves donde pasó del 28 al 26% en ese mismo período. En términos generales, las inspec-ciones a la misma, se redujeron ligeramente con respecto a la industria no maquiladora, al disminuir 1% (29 al 28%).

La disminución de inspecciones a la industria maquiladora ha tenido un comportamiento similar al total de ellas, aunque ligeramente mayor al reducirse en 9.5% entre 1995 y 1996, 13% entre 1996 y 1997 y finalmente 21% entre 1995 y 1997. Esto también pudiera ser una razón por lo que se redujo la incidencia de irregulares leves. La industria maquiladora pre-senta en términos generales la misma tendencia respecto al número de irregularidades leves encontradas en el sector industrial. La gran cantidad de visitas con irregularidades le-ves, puede ser un claro indicador que al menos el sector industrial que ha sido motivo de inspecciones, está cumpliendo con la legislación. El siguiente paso será la incorporación de otros sectores industriales el programa de visitas de inspección, en tal caso se encuentra la gran cantidad de pequeñas y medianas industrias en el país. (Anexo 9)

 

 

 

Periférico 5000, Col. Insurgentes Cuicuilco, C.P. 04530, Delegación Coyoacán, México D.F.
Última Actualización: 27/08/2007