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IV. CONSIDERACIONES ESPECIALES

 

Este capítulo pertenece al libro "Aspectos legales relacionados con la manifestación de impacto regulatorio y ejemplos de costo beneficio. "

 

 

¿Por qué es importante preparar una MIR de calidad?

De acuerdo a la Cofemer, la MIR permite entender rápidamente la justificación de una regulación y detectar si impone costos innecesarios al aparato productivo nacional; asimismo, al presentar toda la información relevante relativa a un proyecto de disposición de acuerdo a una estructura lógica y uniforme, que resalte sus consecuencias potenciales más sobresalientes, se facilita la justificación de la regulación y se acelera el proceso de revisión por parte de la Secretaría de Economía. Esto permite reducir sensiblemente el tiempo en que se expida la regulación.
Recomendaciones puntuales, sobre experiencias pasadas en la SEMARNAP, para la elaboración de la MIR, son las siguientes:

1. La realización de la MIR debe ser un trabajo paralelo y conjunto al ordenamiento que esté como proyecto o anteproyecto.

2. El subcomité debe integrar en la planeación actividades encaminadas a resolver los aspectos que componen la MIR.

3. Al inicio de un proyecto debe señalarse la obligatoriedad jurídica de cumplir con la MIR, para que los diversos participantes estén conscientes de ello y aporten información relevante al tema del ordenamiento en cuestión.

4. La participación de las diferentes instituciones, organizaciones, dependencias, personas físicas o morales, asociaciones, cámaras, etc., deberá incluir elementos documentados, tales como datos, estadísticas, información relevante, posiciones institucionales, conocimiento científico, etc, todo ello para conformar un expediente riguroso que apoye tanto al ordenamiento como a la MIR.

5. La participación de los asistentes, guiada por el Subcomité, ha de tener como base la respuesta a preguntas sencillas que permitan reunir la información sustantiva. Esas preguntas simples podrían ser, por ejemplo: ¿Cuál es el problema que trata de solucionar el ordenamiento? ¿Quiénes o qué son los causantes del problema? ¿Cuál es su magnitud? ¿Qué recurso se está perdiendo? ¿Cuál es la cantidad de individuos de una especie que se desea proteger? ¿ Cuál es la extensión de los bosques o selvas que están dentro de una ANP?, entre otras.

6. El Subcomité deberá tener en cuenta la elaboración de la MIR. Ya que la estructura de esta última permite detectar si hay errores o incongruencias en los aspectos jurídicos, técnicos, científicos, de participación (consulta pública), de costos y beneficios, y también respecto a la gestión administrativa (trámites); entonces, el Subcomité podrá tener un ordenamiento mejor elaborado.

7. El fundamento legal es la base para la actuación de la administración pública federal, al darle atribuciones y límites, por ello al iniciar el anteproyecto o proyecto es necesario realizar el análisis jurídico, de otro modo sería una pérdida de recursos y tiempo. Elaborar una norma y al final darse cuenta que no tiene fundamento legal, es un absurdo.

8. Dentro de la SEMARNAT, como primer paso, es recomendable que se detecten aquellos artículos de la LGEEPA que estén relacionados con la actividad de cada unidad responsable o de cada tema /asunto y sus reglamentos. Esto es, elaborar un formato jurídico por cada unidad responsable o bien para cada aspecto de la política ambiental tal como: ordenamiento ecológico, impacto ambiental, ANP, flora y fauna silvestre, programas de manejo, vida silvestre, prevención y control de la contaminación de la atmósfera agua y suelos; preservación y aprovechamiento sustentable de los sistemas acuáticos, suelo y sus recursos, recursos no renovables, residuos sólidos municipales, residuos peligrosos, actividades altamente riesgosas; etc.

9. Identificación de la problemática a solucionar. Algunas preguntas simples ayudarían a redactar la presentación de la problemática. Estas podrían ser las siguientes: ¿Cuál es la causa de la contaminación, deterioro ambiental o pérdida de recursos? A qué especie se desea proteger y por qué está en riesgo, ¿Cuál es la causa del maltrato a especies en cuativerio? ¿En qué actividad se pone en riesgo la vida silvestre? ¿Cuáles actividades ocasionan pérdidas de recursos naturales? ¿Cuáles sustancias, emisiones, se desean controlar, disminuir o eliminar?, ¿Qué actividad (productiva o servicios) se desea regular para solucionar el problema ambiental? ¿Dónde se localiza geográficamente el problema?

10. En el análisis de implementación se sugiere iniciar con:

a) Transcripción de LGEEPA, Título Sexto, Capítulo II. Inspección y Vigilancia Art. 161 a 169.

El mecanismo que se adoptará es la vigilancia, a través de la SEMARNAT por conducto de la PROFEPA, quien es la autoridad competente para vigilar el cumplimiento de la presente NOM.

b) los recursos presupuestales asignados a la PROFEPA (estos datos los puede solicitar la Semarnat ,mediante oficio, cada año a la Profepa)

Los recursos presupuestales para asegurar y vigilar el cumplimiento de la presente NOM estará a cargo de la SEMARNAT por conducto de la PROFEPA.

11. Con respecto al esquema de sanciones se propone iniciar con los siguientes artículos

LGEEPA, Título Sexto, Capítulo IV. Sanciones Administrativas. Art. 171 a 175 bis.
Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal. Título Vigésimo quinto. Capítulo Único. Delitos ambientales. Art. 414 a 423, según proceda.

Por ejemplo, en el caso de los residuos peligrosos continuaría con los siguientes artículos del Reglamento específico a esa materia.

Art. 61. - La Secretaría podrá realizar los actos de inspección y vigilancia necesarios para verificar la debida observancia del Reglamento. Para los efectos establecidos en este Artículo, la Secretaria estará a lo que establezcan las disposiciones contenidas en el Título Sexto de la Ley.

Art. 62. - Cuando por infracciones a las disposiciones de la Ley y del Reglamento se hubieren ocasionado daños o perjuicios, el o los interesados podrán solicitar a la Secretaria la formulación de un dictamen técnico al respecto.

Art. 63. - Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría, o ante otras autoridades federales o locales según su competencia, todo hecho, acto u omisión de competencia de la Federación, que produzca desequilibrio ecológico o daños al ambiente, contraviniendo las disposiciones de la Ley y del Reglamento.

12. En el apartado de acciones regulatorias específicas no se recomienda señalar cada una de las especificaciones de una norma, lo mejor es agrupar todas las acciones cuyo fin es el mismo, por ejemplo, en el caso de residuos tóxicos, todas las especificaciones relacionadas a contenido por ppm a partir de las cuales un residuo de "x" sustancia tóxica se considera peligroso o no; o bien, todas las acciones regulatorias encaminadas a decir cómo, tomando otro ejemplo, se transportará un mamífero marino (e.g., delfín) por diferentes vías i.e., marítima, terrestre o aérea.

También, debido a que las acciones regulatorias se deben justificar y explicar cómo contribuyen a solucionar el problema, se propone entonces la integración de un expediente documentado, de la mejor manera posible, esto es, incluyendo información puntual y relevante.

13. Un punto importante es el de los gastos en que incurren las personas físicas o morales en el cumplimiento de las disposiciones, así como la vigilancia por parte de la autoridad. Es pues del todo útil tomar en cuenta este punto ya que puede darse el caso donde si bien los beneficios y costos son, en primera instancia, identificados y cuantificados, muchas veces se pasan por alto aspectos tales como los costos administrativos de la norma y es ahí donde la misma puede resultar del todo inadecuada.

¿Cuándo hay que presentar la MIR? (Art. 69-H LFPA)

1. Cuando menos 30 días hábiles antes de la fecha en que se pretenda emitir el acto o someterlo a la consideración del Titular del Ejecutivo Federal.

2. En la misma fecha en que se someta el proyecto al Titular del Ejecutivo Federal o se expida la disposición, según corresponda, cuando el anteproyecto pretenda modificar disposiciones que por su naturaleza deban actualizarse periódicamente.

3. Veinte días hábiles después de que se someta el proyecto al Titular del Ejecutivo Federal o se expida la disposición, cuando el anteproyecto pretenda resolver o prevenir alguna situación de emergencia.

Cuando se esté ante alguno de los supuestos de los numerales 1 y 2, la dependencia u organismo descentralizado que deba presentar la MIR deberá:

a) Consultarlo con la Comisión, presentando copia del anteproyecto .
b) La Comisión resolverá en definitiva del asunto.
c) Cuando se trate de un anteproyecto que deba ser cometido a la consideración del Titular del Ejecutivo Federal, resolverá en definitiva la Consejería Jurídica, previo opinión de la Comisión.

¿En qué casos quedan exentos las dependencias y organismos descentralizados de la APF de presentar la MIR? (art. 69-H LFPA).

1) Cuando el anteproyecto no implique costos de cumplimiento para los particulares, es decir, cuando éstos no vean afectada su esfera jurídica con la emisión del anteproyecto de que se trate.

2) Para el caso de tratados, si bien, previamente a su suscripción, se solicitara y tomara en cuenta la opinión de la Comisión.

¿Qué pasa si la Comisión recibe una MIR que a su juicio no sea satisfactoria? (art. 69-I LFPA)

La comisión podrá solicitar a la dependencia u organismo descentralizado correspondiente, que realice las ampliaciones o modificaciones a que haya lugar.

¿Cuánto tiempo tiene la Comisión para hacer el requerimiento a que se refiere la pregunta anterior? (art. 69-I LFPA)
La Comisión, tiene un término de 10 días hábiles siguientes a que reciba dicha manifestación.

¿Qué pasa si después de que la dependencia u organismo descentralizado correspondiente haya desahogado dicho requerimiento, la Comisión considera que la MIR sigue siendo defectuosa y el anteproyecto de que se trate pudiera tener un amplio impacto en la economía o un efecto sustancial sobre un sector específico? (art. 69-I LFPA)

La Comisión podrá solicitar a la dependencia u organismo descentralizado correspondiente, que con cargo a su presupuesto efectúe la designación de un experto, quien deberá ser aprobado por la Comisión. El experto deberá de revisar la MIR y entregar comentarios a la Comisión y a la dependencia u organismo descentralizado dentro de los cuarenta días hábiles siguientes.

¿Qué término tiene la Comisión para emitir y entregar a la dependencia u organismos descentralizado correspondiente (en caso de que así lo estime conveniente), un dictamen total o parcial de la MIR y del anteproyecto respectivo? (art. 69-J LFPA)

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción de la manifestación, de las ampliaciones o correcciones de la misma o de los comentarios de los expertos mencionados en la pregunta anterior, según corresponda.

¿Qué elementos debe contener dicho dictamen? (art 69-J LFPA)

El dictamen considerará las opiniones que en su caso reciba la Comisión de los sectores interesados y comprenderá, entre otros aspectos, una valoración sobre si se justifican las acciones propuestas en el anteproyecto, atendiendo a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 69-E.

¿Qué puede hacer la dependencia u organismos descentralizado, en caso de no encontrarse conforme con el dictamen emitido por la Comisión? (art. 69-J LFPA)

Deberá comunicar por escrito las razones respectivas a la Comisión, antes de emitir o someter el anteproyecto a la consideración del Titular del Ejecutivo Federal, a fin de que la Comisión emita un dictamen final al respecto dentro de los cinco días hábiles siguientes.

¿Para qué sirven la MIR y el dictamen emitido por la Comisión? (art. 69-J LFPA)

Sirven para que el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, después de haber hecho un análisis de los mismos, decida si es viable someter los anteproyectos a consideración del Ejecutivo.

De conformidad con lo establecido por el artículo 69-K, la Comisión hará públicos, desde que los reciba, los anteproyectos y manifestaciones de impacto regulatorio, así como los dictámenes que emita y las autorizaciones y exenciones previstas en el segundo párrafo del artículo 69-H.

¿En qué casos, la Comisión queda exenta de cumplir con la obligación a que se refiere el párrafo anterior? (art. 69-k LFPA)

- Cuando a solicitud de la dependencia u organismo descentralizado responsable del anteproyecto correspondiente, la Comisión determine que dicha publicidad pudiera comprometer los efectos que se pretenda lograr con la disposición, en cuyo caso la Comisión hará pública la información respectiva cuando se publique la disposición en el Diario Oficial de la Federación;

- Cuando lo determine la Consejería Jurídica, previa opinión de la Comisión, respecto de los anteproyectos que se pretendan someter a la consideración del Ejecutivo Federal.

El artículo 69-L obliga a la Secretaría de Gobernación a publicar en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los siete primeros días hábiles de cada mes, la lista que le proporcione la Comisión de los títulos de los anteproyectos y manifestaciones de impacto regulatorio, así como los dictámenes que emita y las autorizaciones y exenciones previstas en el segundo párrafo del artículo 69-H.

¿Qué requisitos deben cumplir para que La Secretaría de Gobernación publique en el Diario Oficial de la Federación los actos a que se refiere el artículo 4 que expidan las dependencias o los organismos descentralizados de la administración pública federal? (art. 69-L LFPA)

Las dependencias o los organismos descentralizados de la administración pública federal deberán acreditar contar con un dictamen final de la Comisión o la exención a que se refiere el segundo párrafo del artículo 69-H, o que no se haya emitido o emitirá dictamen alguno dentro del plazo previsto en el primer párrafo del artículo 69-J.

¿Quién será la encargada de llevar el Registro Federal de Trámites y Servicios que proporcione la APF? (art. 69-M LFPA)

La Comisión, este registro deberá ser público, para cuyo efecto las dependencias y los organismos descentralizados de la administración pública federal, deberán proporcionarle la siguiente información, para su inscripción, en relación con cada trámite que aplican:

1. Nombre del trámite;
2. Fundamentación jurídica;
3. Casos en los que debe o puede realizarse el trámite;
4. Si el trámite debe presentarse mediante escrito libre o formato o puede realizarse de otra manera;
5. El formato correspondiente, en su caso, y su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.
6. Datos y documentos específicos que debe contener o se deben adjuntar al trámite, salvo los datos y documentos a que se refiere el artículo 15 ;
7. Plazo máximo que tiene la dependencia u organismo descentralizado para resolver el trámite, en su caso, y se aplica la afirmativa o negativa ficta;
8. Las excepciones a lo previsto en el artículo 15-A, en su caso;
9. Monto de los derechos o aprovechamiento aplicables, en su caso, o la forma de determinar dicho monto;
10. Vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se emitan;
11. Criterios de resolución del trámite, en su caso;
12. Unidades administrativas ante las que se puede presentar el trámite;
13. Horarios de atención al público;
14. Números de teléfono, fax y correo electrónico, así como la dirección y demás datos relativos a cualquier otro medio que permita el envío de consultas, documentos y quejas, y
15 . La demás información que se prevea en el reglamento de esta ley o que la dependencia u organismo descentralizado considere que pueda ser de utilidad para los interesados.

La Comisión podrá eximir, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la obligación de proporcionar la información a que se refiere este artículo, respecto de trámites específicos que se realizan exclusivamente por personas físicas, cuando éstos no se relacionen con el establecimiento o desarrollo de una actividad empresarial.

No será obligatorio proporcionar la información relativa a los trámites que se realicen en los procedimientos de contratación que lleven a cabo las dependencias.

¿En qué plazo debe la Comisión inscribir en el Registro Federal de Trámites y Servicios, en adelante el registro, la información proporcionada por la dependencia u organismos descentralizado de que se trate?

La información debe ser inscrita, sin cambio alguno, dentro de los cinco días hábiles siguientes.

¿Qué debe hacer la dependencia u organismos descentralizado de que se trate en caso de que haya cualquier modificación a la información proporcionada?

Deberá de notificar a la Comisión, dentro de los diez días hábiles siguientes a que entre en vigor la disposición que fundamente dicha modificación.

Las unidades administrativas que apliquen trámites deberán tener a disposición del público la información que al respecto esté inscrita en el Registro, esto atendiendo a lo dispuesto por el artículo 69-N de la LFPA.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 69-O de la LFPA, deberá estar prevista en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos presidenciales, o, cuando proceda, en normas oficiales mexicanas o acuerdos generales expedidos por las dependencias o los organismos descentralizados de la administración pública federal, que aplican los trámites, la información que se indica a continuación:
Casos en los que debe o puede realizarse el trámite;

1. Si el trámite debe presentarse mediante escrito libre o formato o puede realizarse de otra manera;
2. El formato correspondiente, en su caso, y su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación;
3. Datos y documentos específicos que debe contener o se deben adjuntar al trámite, salvo los datos y documentos a que se refiere el artículo 15.
4. Plazo máximo que tiene la dependencia u organismo descentralizado para resolver el trámite, en su caso, y se aplica la afirmativa o negativa ficta;
5. Las excepciones a lo previsto en el artículo 15-A, en su caso;
6. Monto de los derechos o aprovechamiento aplicables, en su caso, o la forma de determinar dicho monto;
7. Vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se emitan;

¿Quién es el responsable de la legalidad de la información que se inscriba en el Registro? (art. 69-P)

Las dependencias y organismos descentralizados de la APF, que proporcionen dicha información y la Comisión sólo podrá opinar al respecto. En caso de discrepancia entre estas dos, decidirá en definitiva la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y se modificará en su caso la información inscrita.

¿En qué casos, las dependencias y organismos descentralizados de la APF, podrán aplicar trámites adicionales a los inscritos en el Registro? (art. 69-Q)

Cuando se trate de trámites:

1. Previstos en ley o reglamentos emitidos por el Ejecutivo Federal en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 89 fracción I, de la Constitución. En este caso, salvo por lo dispuesto en la fracción II, sólo serán exigibles a los interesados aquellos datos y documentos específicos que, no estando inscritos en el Registro, estén previstos en ley o en los reglamentos citados;

2. Que las dependencias y los organismos descentralizados de la administración pública federal, apliquen dentro de los sesenta días hábiles siguientes a que haya entrado en vigor la disposición en la que tengan su fundamento o que modifique su aplicación;

3. Respecto de los cuales se pueda causar perjuicio a terceros con interés jurídico;

4. Cuya no aplicación pueda causar un grave perjuicio. En este supuesto, la dependencia u organismo descentralizado correspondiente requerirá la previa aprobación de la Comisión, y podrá ordenar la suspensión de la actividad a que esté sujeta el trámite a que hubiere lugar, o

5. Que los interesados presenten para obtener una facilidad o un servicio.

En estos supuestos, sólo serán exigibles a los interesados aquellos datos y documentos específicos que, no estando inscritos en el Registro, estén previstos en las disposiciones en que se fundamenten.

En los casos a que se refieren los numerales 1, 2, 4 y 5 las dependencias y organismos descentralizados deberán notificar a la Comisión, simultáneamente a la aplicación de los trámites correspondientes, la información a inscribirse o modificarse en el Registro.



DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
MEJORA REGULATORIA

 


El procedimiento que ha quedado descrito en los párrafos anteriores, tiene su fundamento en diversos artículos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y toda vez que las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte.

Su incumplimiento será causa de responsabilidad, la cual será sancionada de acuerdo a las disposiciones que al respecto consignan la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. A continuación se hace una descripción de las sanciones a que se hará acreedor aquél servidor público que incumpla con dichas disposiciones:

ART. 70-A (LFPA).- Es causa de responsabilidad el incumplimiento de esta Ley y serán aplicables las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En todo caso se destituirá del puesto e inhabilitará cuando menos por un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a los siguientes funcionarios:

1. Al titular de la unidad administrativa que, en un mismo empleo, cargo o comisión, incumpla por dos veces lo dispuesto en el artículo 17, que a la letra dice:

“ART. 17.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo.

En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo.”

2. Al titular de la unidad administrativa que, en un mismo empleo, cargo o comisión, por dos veces no notifique al responsable a que se refiere el artículo 69-D, de la información a modificarse en el Registro Federal de Trámites y Servicios respecto de trámites a realizarse por los particulares para cumplir una obligación, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que entre en vigor la disposición que fundamente dicha modificación;

3. Al titular de la unidad administrativa que, en un mismo empleo, cargo o comisión, no entregue al responsable a que se refiere el artículo 69-D, los anteproyectos de actos a que se refiere el artículo 4 y las manifestaciones correspondientes, para efectos de lo dispuesto en el artículo 69-H;

4. Al servidor público responsable del Diario Oficial de la Federación que por cinco veces incumpla lo previsto en el artículo 69-L;

5. Al titular de la unidad administrativa que, en un mismo empleo, cargo o comisión, incumpla lo previsto en el artículo 69-N, tercer párrafo;

6. Al servidor público que en un mismo empleo, cargo o comisión, exija cinco veces trámites, datos o documentos adicionales a los previstos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, en contravención a lo dispuesto en el artículo 69-Q;

7. Al titular de la unidad administrativa que, en un mismo empleo, cargo o comisión, no cumpla con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 69-Q;

8. Al servidor público competente de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria que, a solicitud escrita de un interesado, no ponga a su disposición la información prevista en el artículo 69-K dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se reciba la solicitud correspondiente, y

9. Al servidor público competente de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria que incumpla lo dispuesto en el artículo 69-N, primer párrafo.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria informará a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo de los casos que tenga conocimiento sobre algún incumplimiento a lo previsto en esta Ley y su reglamento.

¿Qué sanciones administrativas pueden ser impuestas a los servidores públicos que incurran en responsabilidad? (art. 70 LFPA)

· Amonestación con apercibimiento;
· Multa;
· Multa adicional por cada día que persista la infracción;
· Arresto hasta por 36 horas;
· Clausura temporal o permanente, parcial o total; y
· Las demás que señalen las leyes o reglamentos.

¿Qué procederá, en caso de que el servidor público reincida en la conducta por la que ya fue sancionado una vez? (art. 71 LFPA)

Se duplicará la multa impuesta por la infracción anterior, sin que su monto exceda del doble del máximo.

¿Qué procedimiento se deberá seguir para imponer una de las sanciones consignadas para el caso de responsabilidad?

1. Para imponer una sanción, la autoridad administrativa deberá notificar previamente al infractor del inicio del procedimiento. (art. 72 LFPA)
2. El infractor, dentro de los quince días siguientes exponga lo que a su derecho convenga, y en su caso aporte las pruebas con que cuente. (art. 72 LFPA)
3. La autoridad administrativa fundará y motivará su resolución, considerando: (art. 73 LFPA)

· Los daños que se hubieren producido o puedan producirse;
· El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
· La gravedad de la infracción; y
· La reincidencia del infractor.

4. Se escucha al infractor y se desahogan las pruebas ofrecidas y admitidas. (art. 74 LFPA)
5. Dentro de los diez días siguientes, se procederá a dictar por escrito la resolución que proceda. (art. 74 LFPA)
6. Se notifica al infractor en forma personal o por correo certificado. (art. 74 LFPA).

¿Con qué facultades cuentan las autoridades competentes para lograr la ejecución de las sanciones y de las medidas de seguridad que procedan?

Las autoridades competentes harán uso de las medidas legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública (art. 75 LFPA), inclusive, podrán imponerse en más de una las sanciones administrativas, salvo el arresto. (art. 76 LFPA).

Cuando en una misma acta se hagan constar diversas infracciones, en la resolución respectiva, las multas se determinarán separadamente, así como el monto total de cada una de ellas, y cuando en la misma acta se comprenda a dos o más infractores, a cada uno de ellos se le impondrá la sanción que corresponda, (art. 77 LFPA).

¿Pueden imponerse, además de las sanciones administrativas alguna otra pena por el incumplimiento de las disposiciones de esta Ley?

Si, las sanciones administrativas se imponen sin perjuicio de las penas que correspondan a los delitos en que, en su caso, incurran los infractores, esto de conformidad con lo establecido por el artículo 78 de la LFPA, además de las sanciones que contempla la Ley Federal de Responsabilidades de los servidores Públicos.

¿En qué tiempo prescribe la facultad de la autoridad para imponer sanciones administrativas? (art. 79 LFPA).

En cinco años, este término será continuo y se contará desde el día en que se cometió la falta o infracción administrativa si fuere consumada o, de ceso si fuere continua.

¿En qué caso se interrumpe dicha prescripción? (art. 80 LFPA)

Se interrumpirá cuando el infractor impugne los actos de la autoridad administrativa, hasta en tanto la resolución definitiva que se dicte ya no pueda ser impugnada por ningún otro medio.

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP)

¿Qué servidores públicos son regulados por esta Ley?

Los representantes de elección popular, a los miembros de los Poderes Judicial Federal y Judicial del D.F., a los funcionarios y empleados, y, en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. (primer párrafo del artículo 108 const. y 2 de la LFRSP).

¿Qué obligaciones impone esta Ley a los servidores públicos?

1. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.

¿Qué sanciones contempla la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos por faltas administrativas? (art. 53 LFRSP)

1. Apercibimiento privado o público,
2. Amonestación privada o pública,
3. Suspensión,
4. Destitución del puesto,
5. Sanción económica, e
6. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público;

Las sanciones por faltas administrativas se impondrán tomando en cuenta (art. 54 LFRSP):

1. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y lo conveniente de suprimir prácticas en que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la LFRSP o las que se dicten con base en ella.
2. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público,
3. El nivel jerárquico, los antecedentes y condiciones del infractor,
4. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución,
5. La antigüedad del servicio.
6. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y
7. El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivados del incumplimiento de obligaciones.

 

Última actualización el Viernes, 07 de Diciembre de 2012 14:00
 

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